Esta mañana ha tenido lugar en el CaixaForum de Barcelona la: I JORNADA AECRA DE LA VIDEOVIGILANCIA: REGIMEN JURIDICO DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE CATALUNYA.Esta mañana ha tenido lugar en el CaixaForum de Barcelona la: I JORNADA AECRA DE LA VIDEOVIGILANCIA: REGIMEN JURIDICO DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE CATALUNYA.
AECRA es la Asociación Europea de Profesionales para conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana.
La jornada ha tratado sobre la videovigilancia y la convivencia entre el derecho a la seguridad y la protección de datos en general, y en parte enfocada más específicamente a la administración pública.
La importancia de este asunto se desprende de los datos de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que determinan que en este año 2013 una de cada cuatro denuncias relacionadas con la protección de datos se refieren a dispositivos de videovigilancia.
También se ha hecho especial referencia a la posibilidad que prevé el art. 42.2 del Proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de junio, que permitiría que los sistemas de videovigilancia privados puedan captar vía pública bajo autorización administrativa, cuestión esta que tendrá que verse cómo se concreta.
Igualmente se ha destacado la colaboración entre la Administració de Seguretat del Departament d’Interior y las empresas de seguridad privada para ser más efectivos, especialmente en el tratamiento de los saltos de alarma.
Por último, se ha insistido en la necesidad de tener más en cuenta el principio del interés legítimo a la hora de justificar la instalación de cámaras, y en el hecho de que las empresas de seguridad deben conocer bien la normativa para poder asesorar adecuadamente a sus clientes.
AECRA es la Asociación Europea de Profesionales para conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana.
La jornada ha tratado sobre la videovigilancia y la convivencia entre el derecho a la seguridad y la protección de datos en general, y en parte enfocada más específicamente a la administración pública.
La importancia de este asunto se desprende de los datos de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que determinan que en este año 2013 una de cada cuatro denuncias relacionadas con la protección de datos se refieren a dispositivos de videovigilancia.
También se ha hecho especial referencia a la posibilidad que prevé el art. 42.2 del Proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de junio, que permitiría que los sistemas de videovigilancia privados puedan captar vía pública bajo autorización administrativa, cuestión esta que tendrá que verse cómo se concreta.
Igualmente se ha destacado la colaboración entre la Administració de Seguretat del Departament d’Interior y las empresas de seguridad privada para ser más efectivos, especialmente en el tratamiento de los saltos de alarma.
Por último, se ha insistido en la necesidad de tener más en cuenta el principio del interés legítimo a la hora de justificar la instalación de cámaras, y en el hecho de que las empresas de seguridad deben conocer bien la normativa para poder asesorar adecuadamente a sus clientes.
